viernes, 6 de marzo de 2009

Yo soy Jacinta


Columna publicada en el diario El Universal

Por Ricardo Rocha

Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.

El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.

Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.

Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?

Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.

Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.

PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?

2 comentarios:

Anónimo dijo...

El de la señora Jacinta Francisco Marcial, es un proceso lleno de irregularidades y guarda cierta similitud con el de Atenco. En ambos casos se carece de un juicio justo y en ambos casos la condena parece obedecer a una venganza política de práctica gangsteril. Nadie dice que los acusados sean inocentes si es que existen realmente pruebas para demostrar su culpabilidad, pero es inadmisible la manera en que han sido procesados, obteniendo penas que ni los narcotraficantes y secuestradores alcanzan. Ricardo Rocha habla de los gobiernos panistas, a mi me parece que son todos, como en Atenco, donde por no permitir la venta de flores a unas personas, se armó un conflicto donde los pobladores se vieron enredados en la maraña del PRI, PAN y PRD, arrojando un capítulo inecesario que ha perjudicado a culpables e inocentes en Atenco, pero en ningún momento ha tocado a los mafiosos intereses políticos y los cuerpos policiacos que los resguardan.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez le ha dado seguimiento a ambos casos. Ojalá y la justicia sea posible.

azg12 dijo...

Pues si, pese a lo que los "analistas" de Televisa del programa Tercer Grado se empecinan en afirmar, la realidad es que los derechos humanos en México aún distan mucho de ser respetados.

Una y otra vez nos encontramos con casos en los que se enjuicia a gente que no ha hecho otra cosa que defender su sustento, hacer un reclamo a la autoridad o incluso haber estado en el lugar equivocado, y que reciben un castigo cuyo objetivo es "sentar precedente". Claro, casualmente esto siempre ocurre al pobre, al indígena, al débil.

Y mientras tanto, los verdaderos criminales en su calidad de narcotraficantes, coyotes, secuestradores, pederastas, taladores, delincuentes de cuello blanco, policías, agentes y militares que se dejan sobornar, políticos que desfalcan el erario público... esos, duermen tranquilamente a sabiendas de que las probabilidades de que se haga justicia en su caso - al igual que en el de Jacinta - son prácticamente nulas.

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